El proceso constituyente al cual ha convocado la Presidenta Bachelet el día 13 de octubre pasado se iniciará “en los próximos días [con] una etapa de educación cívica y constitucional, para que todos tengamos la información necesaria para involucrarnos activamente. Este primer momento durará hasta marzo del próximo año”. Debe suponerse, por tanto, que esta fase inicial se hará cargo de preparar a los ciudadanos para la etapa siguiente, la cual tendrá lugar a partir de marzo del 2016 y consistirá “en un proceso ordenado de diálogos ciudadanos, donde todos puedan participar”. Este diálogo partirá por las comunas, seguirá por las provincias y regiones y culminará con una síntesis a nivel nacional, Bases Ciudadanas para la Nueva Constitución, que será entregada a la Presidenta en Octubre del 2016. Para que este proceso participativo “sea libre, transparente, sin distorsiones ni presiones de ningún tipo”, la Presidenta nombrará en las próximas semanas un Consejo Ciudadano de Observadores compuesto por personas de reconocido prestigio “que acompañe el proceso y dé garantías de transparencia y equidad”.
El supuesto de toda esta operación pedagógico-social parece ser, según entiendo yo, que los ciudadanos deben estar informados y ser formados -mediante procesos especiales y extraordinarios- para habilitarlos a fin de que puedan participar en aquel proceso deliberativo sobre la futura Carta Fundamental. Digo especial y extraordinario porque: (i) no bastaría con la formación ciudadana y la información ordinariamente disponible para todos a través del ciclo escolar (pre-K a 12) y de los medios de comunicación y las redes, proveedores habituales de ambos bienes; (ii) se realizaría durante un semestre corto, que incluye las fiestas de Navidad, el año nuevo y las vacaciones; (iii) el proveedor de estos servicios serán agencias del gobierno central, como la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de Gobierno, a cuyo cargo se encuentra la vocería de la o el Presidente de la República.
Si bien es cierto que este último aspecto es el que más llamó la atención y provocó reacciones negativas, pues hace pensar a algunos en un diseño de adoctrinamiento y publicidad gubernamentales -agitación y propaganda en terminología antigua-, cualquier juicio evaluativo de esta operación educacional debe atender a los tres elementos antes mencionados y no sólo al último. Es lo que haremos aquí, pasando revista a los esfuerzos que el país realiza a través del sistema escolar para formar a los jóvenes en la ciudadanía; los resultados de ese esfuerzo; algunos de los problemas y obstáculos que encuentra en su camino y las interrogantes que en este cuadro plantea la iniciativa esbozada por el gobierno.
I.- De entrada, cabe decir que el sistema educacional chileno tiene entre sus preocupaciones centrales la formación ciudadana (concepto más amplio que el de educación cívica, como veremos enseguida). En efecto, ella se halla incorporada en la trayectoria curricular desde 1° básico hasta 4° medio, tanto de manera transversal en las distintas asignaturas (a través de los Objetivos de Aprendizaje Transversales), como mediante un eje específico en las asignaturas de Orientación y de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. En cambio, no hay una asignatura especialmente dedicada a la educación cívica, tema al cual volveremos más adelante.
A su turno, el Mineduc es consciente de que la formación ciudadana comprende diversos enfoques, necesitando expresarse al menos como:
Educación sobre la ciudadanía: Implica que los/as estudiantes tengan el conocimiento suficiente para comprender la historia nacional, las estructuras y procesos del gobierno y la vida política. Se acerca a los modos clásicos de educación cívica, en que los/as estudiantes se involucran de una manera vaga y tímida.
Educación a través de la ciudadanía: Implica que los/as estudiantes aprendan en forma activa, participando en la comunidad escolar, local y/o global, para así vivir la experiencia de una comunidad democrática.
Educación para la ciudadanía: Incluye a las anteriores, ya que trata de desarrollar en los/as estudiantes un conjunto de herramientas (el conocimiento-comprensión, habilidades y aptitudes, valores y disposiciones) que les permitan participar en forma activa y sensible en los roles y responsabilidades que ellos/as tendrán en sus vidas adultas como miembros de la sociedad (Citado de Mineduc, Orientaciones Técnicas y Guiones Didácticos para Fortalecer la Formación Ciudadana, 7° Básico a 4° Medio, mayo 2013).
Últimamente, la administración Bachelet se hizo cargo además de una de las recomendaciones contenidas en el Informe Final del Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción presidido por Eduardo Engel, recomendación que apunta directamente a la formación en valores cívicos y el desarrollo de capacidades para abordar dilemas éticos. En efecto, sostiene dicho Informe:
“Prevenir y disminuir la incidencia de actos de corrupción y de faltas a la probidad requiere un sistema educacional que forme en valores cívicos de respeto a la convivencia y fomento del bienestar común. Una educación para los desafíos que enfrenta el país debe poner la formación cívica como un eje transversal que permita preparar a niño/as y jóvenes para enfrentar dilemas éticos a lo largo de sus vidas […]. En este sentido, el sistema educacional debe entregar herramientas a nuestros niños, niñas y jóvenes en al menos cuatro ámbitos: (1) para que desarrollen una identidad individual autónoma, con capacidad de tomar decisiones; (2) para que sean capaces de convivir en una sociedad respetuosa de las diferencias y de participar en la construcción del país, contribuyendo como ciudadanos en diversos ámbitos; (3) para que sean personas con fuerte formación ética, capaces de convivir e interactuar en base a principios de respeto, tolerancia, transparencia, cooperación y libertad, y (4) para que contribuyan a que el país pueda avanzar a partir de un desarrollo económico sustentable con el entorno y con los otros” (pp . 89-90) .
En respuesta a esta recomendación, el gobierno envió al Congreso Nacional un proyecto de ley que crea el Plan de Formación Ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado (Mensaje N° 312-363, 8 de mayo de 2015). Se dispone allí que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán incluir en los niveles de enseñanza básica y media un Plan de Formación Ciudadana, cuyos objetivos serán:
Promover una adecuada comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella.
Fomentar en los y las estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica y responsable.
Proveer el adecuado conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y la institucionalidad en Chile.
Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los y las estudiantes con los derechos humanos.
Fomentar en los y las estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.
Fomentar la participación de los y las estudiantes en temas de interés público.
Promover una gestión y cultura democrática y ética en la escuela.
Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.
Para alcanzar esos objetivos, el proyecto contempla que los colegios podrán implementar acciones tales como una planificación curricular que refuercen de modo explícito los objetivos de aprendizaje transversales que refuerzan el desarrollo de la ciudadanía, la ética y una cultura democrática en las distintas asignaturas del curriculum escolar; realizar talleres y actividades extra programáticas; alentar la formación de docentes y directivos específicamente en esta área; promover la apertura del establecimiento a la comunidad; fomentar la representación y participación de los estudiantes en decisiones propias del colegio y promover una cultura de diálogo y sana convivencia escolar.
En realidad, el interés y el cultivo de la educación cívica, como se llamó tradicionalmente en Chile, vienen de antiguo y se mantienen hasta hoy en nuestro sistema escolar. Un cuadro resumen de Cox y García reseña esa evolución a nivel de la enseñanza media mostrando el cambiante estatus curricular de la educación cívica. Ésta fue a veces un curso independiente (así la estudié yo y posteriormente la enseñé en mi propio colegio) y, en otros momentos, como sucede ahora, aparece como un objetivo curricular de carácter transversal. Comenzó como una asignatura independiente en 1912 en los grados 11 y 12 para luego ir adquiriendo diversas modalidades a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en 1928 se determina que esta materia sería impartida dentro de los cursos de geografía, historia y economía en los grados 7 a 9 y como cultura cívica en los grados 10 a 12. Más adelante, en 1967, se enseña en los grados 9 a 12 en los cursos de ciencias sociales e historia, mientras que de 1998 en adelante y hasta hoy se ofrece como parte del contenido curricular de esas mismas disciplinas y, además, dentro de las asignaturas de filosofía y/o psicología, operando por tanto como objetivo transversal.
II.- Ahora bien ¿qué sabemos de los resultados de esta formación?
Tenemos la suerte de contar con los resultados del Examen Internacional sobre Educación Cívica y Formación Ciudadana (2009) de la International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). Se aplicó entre octubre de 2008 y junio de 2009 a estudiantes de 8º Básico, de una edad promedio de 14 años. Lo países participantes fueron Austria, Bélgica (Flamenca), Bulgaria, Chile, China Taipei, Colombia, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Federación Rusa, Finlandia, Grecia, Guatemala, Hong Kong, Indonesia, Inglaterra, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Paraguay, Polonia, República Checa, República de Corea, República Dominicana, República Eslovaca, Suecia, Suiza, Tailandia.
Chile ocupó el lugar 24 entre los 36 países con una medición válida. Con 483 puntos, obtuvo un puntaje levemente inferior al promedio internacional de 500 puntos. Su puntaje es similar al de Malta, Letonia y Grecia, ubicándose inmediatamente debajo de los países que se encuentran en el promedio, tales como España y Austria. Su desempeño fue superior al de los demás países latinoamericanos participantes. En breve: un resultado razonable y, sin entrar aquí en detalles, más próximo al promedio internacional que el de Chile en el examen PISA de comprensión lectora, manejo numérico y razonamiento científico.
Igual como en otros estudios nacionales e internacionales de logros de aprendizaje, los países participantes -Chile entre ellos- presentan diferencias en el rendimiento de los estudiantes de acuerdo con su nivel socioeconómico. A medida que aumenta el puntaje en el índice de nivel socioeconómico, aumenta el puntaje en la escala de conocimiento cívico. Asimismo, tanto en Chile como en el promedio internacional, el resultado de las mujeres es mejor que el los hombres.
III.- Ahora bien, si vamos más allá del puntaje promedio, obtendremos una visión más precisa del desempeño de los estudiantes chilenos. A saber: un 16% se halla por debajo del umbral mínimo de conocimientos y destrezas medidos por el examen (menos de 395 puntos en la escala).
Un 33% se ubica en el Nivel 1 (de 395 a 478 puntos en la escala), demostrando familiaridad con los principios democráticos de equidad, cohesión social y libertad y relacionando estos principios con situaciones cotidianas. Los estudiantes pueden relacionar la libertad de prensa con la entrega de información precisa por parte de la prensa; justificar el voto voluntario en el contexto de la libertad de expresión política; reconocer que la declaración universal de derechos humanos de las Naciones Unidas debería aplicarse a todas las personas e identificar el valor de Internet como una herramienta comunicativa activa de participación cívica.
Enseguida un 32% se sitúa en el Nivel 2 (entre 479 y 562 puntos en la escala), nivel en el cual los alumnos demuestran familiaridad con el concepto de democracia representativa como sistema político; generalizan valores y principios a partir de ejemplos concretos de políticas y leyes; entienden la influencia que la ciudadanía activa puede tener más allá de la comunidad local y generalizan el rol del ciudadano activo a sociedades más amplias y al mundo.
Por último, un 19% de los estudiantes chilenos se sitúan en el Nivel 3 (sobre 562 puntos en la escala), lo cual significa que hacen conexiones entre los procesos de la organización política y social y los mecanismos legales e institucionales que se usan para controlarlos; generan hipótesis precisas sobre las motivaciones de los ciudadanos y de políticas institucionales, y justifican y evalúan posturas o políticas basadas en sus principios subyacentes como, por ejemplo, evaluar una política con respecto a su equidad e inclusividad o identificar el principal rasgo de economías de libre mercado y de la propiedad de compañías multinacionales.
En el promedio internacional, la distribución entre los Niveles -1, 1, 2 y 3 de este examen fue, respectivamente, 16%, 26%, 31% y 28%. En loa países líderes, como Finlandia y Corea, más de la mitad de sus estudiantes se sitúa en el Nivel 3 y menos del 5% en el Nivel 1.
Algunos otros aspectos relevantes de este estudio internacional permiten conocer y medir percepciones de los estudiantes y de sus profesores y directores de colegio través de cuestionarios administrados junto con la prueba. Se hallan resumidos en el Primer Informe Nacional de Resultados de Chile producido por la Unidad de Currículum y Evaluación, MINEDUC (junio de 2910).
A nivel de estudiantes. Los estudiantes chilenos se encuentran sobre el promedio internacional en la importancia dada a la ciudadanía como movimiento social, a la participación estudiantil en las escuelas y a los derechos de grupos étnicos y de los inmigrantes. Además, otorgan mayor valor a la participación en la escuela y presentan mayores expectativas de participación en protestas legales que el promedio internacional. En general, estas escalas no presentan diferencias significativas por género: la excepción es la escala de igualdad de género, que recibe más apoyo de las mujeres. Algunas escalas presentan diferencias por nivel socioeconómico: los estudiantes de nivel alto esperan tener mayor participación electoral cuando adultos y apoyan más los derechos de grupos étnicos y raciales que los estudiantes del nivel medio y bajo. Además, los estudiantes de nivel alto apoyan más la igualdad de género que los estudiantes de nivel bajo.
A nivel de profesores y directores. Los tres objetivos de la educación cívica y formación ciudadana a nivel escolar escogidos como más importantes por los profesores y directores chilenos son:
Promover el conocimiento de los derechos y responsabilidades de los ciudadanos.
Desarrollar las habilidades y competencias de los estudiantes para la resolución de conflictos.
Promover el pensamiento crítico e independiente de los estudiantes.
IV.- En suma, de las secciones anteriores puede concluirse que, a lo largo del siglo XX, exceptuando los años de dictadura, y con renovados bríos ahora último, el sistema escolar ha puesto especial énfasis en promover la formación ciudadana y la educación cívica, con resultados que si bien parecen razonables en comparación internacional, en el sentido de ubicarse próximos al promedio internacional, sin embargo son insatisfactorios en cuanto a las disparidades por grupos socioeconómicos y de género.
Una evaluación cualitativa de los aprendizajes, prácticas y experiencias ciudadanas de nuestros estudiantes de enseñanza básica durante los años finales de ese ciclo y durante la enseñanza media, aunque más difícil de hacer y escasamente documentada, llevaría a pensar, creo yo, que a lo largo de los últimos 10 años, partiendo con la ‘revolución de los pingüinos’, los jóvenes han estado expuestos a una intensa socialización ciudadana y han adquirido, de manera directa o indirecta, un bagaje de conocimientos y habilidades de participación en la polis. Han tenido que organizarse de alguna forma, comunicarse, elaborar plataformas, argumentar en asambleas, relacionarse con los medios de comunicación, decidir estrategias y tácticas, etc., todo lo cual conlleva también -guste o no a los temperamentos más proclives al orden tal cual existe- procesos formativos, en particular para los grupos dirigentes e intermedios del movimiento estudiantil.
¿Permite todo esto que llevamos dicho concluir que en Chile la formación ciudadana y la educación cívica cumplen a cabalidad sus objetivos?
Por cierto que no.
Hay innumerables problemas que aparecen de inmediato en un plano sintomático, como la escasa participación electoral de los jóvenes (y no sólo de ellos) y en los partidos políticos; la creciente desconfianza que declaran respecto de las instituciones políticas y -aunque en grupos minoritarios- el recurso a la violencia durante manifestaciones de protesta pacífica en las calles. Ya vimos, además, que el conocimiento cívico está desigualmente distribuido entre jóvenes de diferente nivel socioeconómico y género. Además, la cultura juvenil de masa en materias político-ideológicas suele ser superficial y alimentarse de una información de bajo valor y de consumo rápido que fluye por variados circuitos de las redes sociales, cultivándose allí una serie de actitudes de apoliticismo primitivo, relatos conspirativos y actitudes ajenas a la deliberación democrática.
Es por eso que resulta necesario reforzar la educación cívica y la formación ciudadana.
A este último respecto mantienen plena vigencia varios de los razonamientos y argumentos contenidos en el Informe Final (2004) de la Comisión de Formación Ciudadana convocada por el Ministro de Educación y presidida por Carlos Peña.
Por ejemplo, continúa plenamente vigente la aspiración a una ciudadanía que en términos educacionales debe atender a elementos de variada índole, pero especialmente: “a) conocer y comprender el sentido general de los procesos institucionales mediante los cuales una comunidad democrática adopta sus decisiones; b) conocer los rasgos generales del entorno histórico y económico en medio del que se desenvuelve la vida política; c) desarrollar una disposición hacia las diversas formas de participación civil que reconoce una sociedad democrática, especialmente, la capacidad para involucrarse en proyectos colectivos; d) desarrollar una conciencia de los derechos y de los deberes correlativos que supone la condición de miembro pleno de una sociedad democrática; e) desarrollar la capacidad de niños y jóvenes para poseer puntos de vista firmes acerca de los asuntos comunes, pero, al mismo tiempo, la capacidad para modificarlos y admitir otros a la luz de la discusión y la evidencia; f) desarrollar la disposición para aceptar las diferencias y resolverlas de manera pacífica, comprendiendo que la diferencia es fruto de la pluralidad”.
Asimismo, la Comisión observó que una de las falencias de la formación ciudadana es no hacerse cargo de los riesgos que existen para la democracia (lo que en una columna anterior llamamos los malestares de la democracia), tales como la influencia de los políticos sobre las cortes de justicia, el nepotismo del liderazgo político, un entorno que dificulta la libre búsqueda de información o la confianza incondicional en los líderes. Al respecto, la Comisión expresó que “un tratamiento curricular explícito de los problemas y riesgos que reviste el ordenamiento político democrático, contribuiría a una mejor comprensión de los principios fundamentales de la ciudadanía moderna. Adicionalmente, permitiría –en forma probablemente más efectiva que en la actualidad– educar contra el cinismo que, en los jóvenes, alimenta la distancia entre ideales y realidad en el funcionamiento de las instituciones democráticas y del poder político en general”.
A su turno, el Informe del Consejo Anticorrupción presidido por Eduardo Engel expresa que “el sistema educacional actual no parece estar preparado para formar a los ciudadanos desde [una] concepción ética y democrática. Si bien la formación ciudadana y moral está expresamente descrita en los objetivos de las bases curriculares y del aprendizaje esperado, en la práctica no existen las condiciones, la organización y la cultura necesarias para lograrlo.
En efecto, los tiempos de coordinación intra e inter estamentos no son suficientes, generando una organización que no puede, desde el punto de vista del aprendizaje, cumplir con sus objetivos, y que a la vez es muy resistente al cambio. En la misma línea, los profesores están sobrecargados, tanto en horarios como en el tamaño de los cursos con los que deben trabajar, sintiéndose además desvalorizados”.
Por su parte, entre los especialistas, Cristián Cox -que lidera en América Latina la línea de estudios y políticas de formación ciudadana- ha sugerido recientemente la conveniencia de crear una asignatura de ‘educación ciudadana’ en 3° y/o 4° grado de la enseñanza media, lo cual traería consigo ventajas de visibilidad y especialización así como de facilidad de implementación, junto con reubicar los contenidos sobre institucionalidad política en una secuencia de 6°a 8° grados de la educación básica (poderes del Estado) y 1° de la enseñanza media (soberanía y representación). Para mejorar los contenidos, Cox y colaboradores proponen fortalecer la presencia de valores como bien común, solidaridad y equidad; dar mayor importancia y presencia al voto; usar el método comparado y recurrir a conceptos de ciencia política para la enseñanza de las instituciones de la polis; potenciar la interculturalidad y establecer contenidos sobre ciudadanía global (Mardones, Cox, Farías, García, 2014).
En verdad, son las cuestiones relativas a malestares, riesgos, fallas, contradicciones y tensiones que surgen dentro de la democracia y son percibidas por la ciudadanía, las que mayormente necesita abordar la formación ciudadana y la educación cívica en las familias, los colegios, las asociaciones civiles, los movimientos sociales y la calle. Como señala el politólogo italiano Giovanni Sartori, “la democracia es, antes que nada y sobre todo, un ideal. […] Sin una tendencia idealista una democracia no nace, y si nace, se debilita rápidamente. Más que cualquier otro régimen político, la democracia va contra la corriente, contra las leyes inerciales que gobiernan los grupos humanos. Las monocracias, las autocracias, las dictaduras son fáciles, nos caen encima solas; las democracias son difíciles, tienen que ser promovidas y creídas”.
¿Podría contribuir a esto la actividad extra curricular de carácter masivo y descentralizado propuesta por la Presidenta Bachelet como una primera etapa del proceso constituyente, con una duración de un semestre?
Al momento resulta difícil dar una respuesta contundente porque la propuesta es imprecisa, sus alcances no están definidos y sus contenidos ‘curriculares’ no aparecen determinados. Incluso con los antecedentes disponibles resulta difícil saber si la actividad propuesta será ante todo y meramente informativa o si tiene, efectivamente, una pretensión educacional.
A favor de la primera interpretación juegan varios elementos: una campaña de información es más sencilla y viable de producir y de llevar a cabo en pocos meses; tiene un costo compatible con el presupuesto previsto; se acomoda mejor al carácter del agente elegido para llevar a cabo la actividad, esto es, la Secretaria de Comunicaciones del gobierno; reduce el temor del sesgo hacia el adoctrinamiento y podría más fácilmente ser supervisada por un organismo plural con representación de todos los partidos representados en el Congreso Nacional. Serviría además el fin preciso de informar a la ciudadanía sobre el tipo de asuntos constitucionales que se desea discutir a partir de marzo próximo.
A su turno, contra la interpretación (y pretensión) de entender esta actividad como una auténtica labor formativa, se conjugan diversos otros elementos: el órgano normalmente encargado de las iniciativas educacionales del gobierno, el Mineduc, no aparece para nada involucrado; el tiempo para realizar una actividad formativa es escaso y el momento del año inoportuno; no se ve qué diseño curricular podría emplearse para este efecto, entre otras cosas porque en nuestra experiencia de las últimas dos décadas la educación cívica tiene lugar transversalmente dentro de la enseñanza de varias disciplinas; tampoco parece existir el diseño y capacidades pedagógicas para una iniciativa educacional de esta naturaleza, que supondría probablemente el uso de la tecnología digital, el uso de las redes y de la educación a distancia; el presupuesto previsto no sería suficiente; los recursos humanos y de organización necesarios no parecen estar a la mano o ser fáciles de reunir. Bajo estas circunstancias no parece posible producir aprendizajes significativos de ninguna especie; al contrario, la insistencia en que se trataría de una actividad educativa levanta sospechas de una posible manipulación y, en cualquier caso, una serie de preguntas propuse del campo pedagógico-educacional.
V.- El gobierno haría bien, por tanto, en explicar mejor su propuesta y en ofrecer un diseño realista, ajustado a los fines y medios disponibles.
Sobre todo, la administración necesita justificar y fundamentar la idea misma de que las deliberaciones locales, provinciales y regionales que espera promover desde marzo de 2016 en adelante requieren algo más que difundir la información adecuada y exigirían, por el contrario, una labor educacional regulada, sistemática y respaldada gubernamentalmente.
¿Acaso la población mayor de 18 años que intervendría en esas discusiones, y los estudiantes de enseñanza media que quisieran hacerlo, están incapacitados de participar por falta de conocimientos, o por carencias culturales, o por no poseer las competencias necesarias de comunicación y argumentación, o por falta de destrezas de comprensión lectora?
¿No ocurrirá acaso, más bien, que aquellos que deseen participar en los procesos deliberativos respecto de la nueva Constitución, sean justamente aquellos que poseen el mínimo de información y conocimiento requeridos?
Más aún, ¿no cabe pensar que quienes participen y buscan conducir -incluso monopolizar- esas discusiones serán por lo general personas altamente motivadas, minorías activas, compuestas por militantes de partidos, miembros de ONGs y otras asociaciones civiles, dirigentes de diversas organizaciones ciudadanas y gremiales, y académicos y profesionales con capital escolar, cultural y social (redes formales e informales) y con el tiempo necesario a su disposición?
¿Acaso ese problema -antiguo y típico problema de las democracias deliberativos y de la participación ciudadana- podría superarse con una suerte de campaña de alfabetización cívica y política? ¿Pero es a esto a lo que apunta la propuesta gubernamental, a una campaña educativa de concientización, de manera de estimular a más gente a participar y capacitarla para evitar así el control del proceso deliberativo por minorías en condiciones de tomar la primera palabra y, al final, quedarse con la última?
Aquel sería sin duda un aporte, pues serviría para democratizar el proceso deliberativo; me temo, sin embargo, que ese propósito no está en el horizonte del gobierno.
José Joaquín Brunner, Foro Líbero.
