Chile ha dado un paso importante con la publicación de la Ley 21.809, que busca fortalecer la convivencia, seguridad y bienestar en las comunidades educativas. En un contexto marcado por episodios de violencia escolar cada vez más complejos, la norma aparece como una respuesta institucional necesaria. Sin embargo, surge una pregunta incómoda, pero imprescindible: ¿puede una ley, por sí sola, cambiar la cultura escolar?
La respuesta es clara: no.
La Ley 21.809 introduce herramientas relevantes. Refuerza protocolos, establece responsabilidades, ordena procedimientos y busca dar mayor protección a estudiantes, docentes y equipos educativos. Pero su enfoque sigue siendo, en gran medida, reactivo. Actúa cuando el conflicto ya ocurrió, cuando la convivencia ya se quebró.
Y ahí está el problema de fondo.
Chile ha avanzado en regulación, pero ha descuidado sistemáticamente la formación. Hemos construido un sistema que sanciona, pero no uno que prevenga. Que reacciona, pero no uno que educa.
La convivencia escolar no se sostiene en protocolos, se sostiene en cultura. Y la cultura se forma.
Formar en ciudadanía no es un complemento del currículum: es su base. Es enseñar a convivir en la diferencia, a resolver conflictos sin violencia, a entender derechos y deberes, a respetar las instituciones y a participar de manera responsable en la vida social. Es, en definitiva, formar personas capaces de vivir en democracia.
Sin esa base, cualquier ley queda incompleta.
La propia normativa educacional chilena ya reconoce esta necesidad. La Ley 20.911 establece la obligatoriedad del Plan de Formación Ciudadana en todos los establecimientos educacionales. Sin embargo, en la práctica, su implementación ha sido desigual, muchas veces formal, y en no pocos casos, simplemente declarativa.
La Ley 21.809 debió haber sido el punto de inflexión para fortalecer esa dimensión formativa. Pero no lo fue.
Hoy tenemos una nueva normativa que exige más a las escuelas, pero que no necesariamente les entrega las herramientas pedagógicas para cumplir ese mandato en profundidad. Se espera mejorar la convivencia sin haber asegurado primero una formación sólida en convivencia.
Es como exigir resultados sin haber invertido en las bases.
Desde Cívicamente creemos que este es el momento de corregir esa omisión. No basta con regular la convivencia: hay que enseñarla. No basta con sancionar la violencia: hay que prevenirla desde la formación.
La evidencia es clara. Sistemas educativos que han invertido de manera seria y sostenida en educación cívica y formación ciudadana muestran mejores indicadores de convivencia, menor tolerancia a la violencia y mayor cohesión social. No es casualidad: es consecuencia.
Chile no puede seguir abordando la convivencia escolar solo desde la contingencia. Necesita una política estructural de formación ciudadana, integrada al currículum, con contenidos de calidad, evaluables y sostenidos en el tiempo.
La Ley 21.809 abre una oportunidad. Pero esa oportunidad solo se materializará si se entiende que la convivencia no se impone, se construye. Y se construye educando.
Porque al final del día, la pregunta no es solo cómo reaccionamos frente a la violencia en las escuelas, sino qué estamos haciendo —o dejando de hacer— para que esa violencia no ocurra.
Ahí está el verdadero desafío. Y también, la verdadera solución.
No dejes que la Ley 21.809 sea solo un trámite administrativo. Transfórmala en una oportunidad de crecimiento para tus estudiantes con el apoyo experto de Cívicamente.
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